Contra toda evidencia

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzó ayer el análisis de cinco proyectos que buscan autorizar el retiro anticipado total o parcial de fondos de pensiones y que incluyen desde fórmulas para solventar enfermedades catastróficas, hasta el pago de viviendas y autopréstamos. Ninguno tiene el apoyo del Gobierno, cuyos esfuerzos están en una reforma previsional en la que ha invertido casi dos años, y sobre la cual aún no logra acuerdo para votar la idea de legislar.

Resulta desconcertante que un grupo de diputados insista en abordar un séptimo retiro, luego de tres intentos fallidos, teniendo a la vista la abundante evidencia sobre el impacto de los rescates anteriores. No solo la inflación llegó a un peak de 14,1% en agosto de 2022 y la tasa de política monetaria escaló hasta 11,25% en noviembre de ese año, sino que las consecuencias persisten hasta hoy, cuando dos tercios de los cotizantes que rescataron parte de sus ahorros no han logrado recuperar el saldo del que disponían antes hacerlo, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Pensiones.

Cuesta entender la lógica de un nuevo intento de retiro anticipado de fondos de pensiones, cuando aún no se extinguen las consecuencias de los anteriores.

Más desconcertante aún es el nivel del debate presenciado ayer, en el que parte de los intervinientes sostuvo que no es necesario escuchar a los organismos técnicos, pues ya se sabe de su oposición a los proyectos, y el acuerdo para convocar “a un ciudadano común y corriente, que se represente solo” para enriquecer la discusión. Lo que sí parece tener lógica es que, a medida que se aproximan las elecciones, tienden a cundir las promesas populistas entre quienes buscan adhesión a cualquier precio.

Desde que se aprobó el primer retiro en 2021, no solo hubo alzas de precios en productos básicos, aumento en el costo de los créditos y un serio deterioro financiero estructural, sino que además sobrevino un alto impacto en el empleo, que afectó a los quintiles de menores ingresos, que fueron los que recurrieron mayoritariamente a los retiros.

En los fallidos intentos anteriores, la misma comisión tuvo incluso a la vista un informe de la Universidad de Chile en el que se señalaba que la inflación anual observada registró un incremento adicional de 2,5% como consecuencia de los aumentos extraordinarios de demanda entre 2021 y 2022, con un 0,82% adjudicable al efecto combinado de todos los IFE y un 1,68% a los retiros.

Cuesta entender la lógica política de estas presentaciones a la luz del hecho indesmentible de que lo que está en riesgo es la capacidad de las personas para asegurar ingresos suficientes para su etapa post laboral. Realismo y no populismo es lo que requiere el debate legislativo en momentos en que existe consenso público en torno a la necesidad de perfeccionar el sistema previsional. De lo contario, serán los futuros jubilados quienes vivan las consecuencias de políticas pensadas en las ganancias a corto plazo, en período el electoral.